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El Gobierno de España no apoyará la idea de dación en pago general que figura en la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y solo serviría en algunos casos determinados de colectivos especialmente vulnerables.
Esa es la idea que figura en el proyecto de Ley de deudores hipotecarios, texto que refunde las ideas de la PAH con las propuestas propias del Ejecutivo central.
Desde el Partido Popular se señala que “con este texto se da un paso esencial en la protección del deudor hipotecario, consiguiendo un equilibrio para que el mercado hipotecario siga funcionando y todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, a partir de ahora también”.
La dación en pago solo se utilizará en caso de tratarse de núcleos familiares con rentas inferiores a tres veces el IPREM o a cuatro si existiera alguna personas dependiente o discapacitado, subiendo incluso a cinco si el deudor padece parálisis cerebral, enfermedad mental, enfermedad grave o discapacidad intelectual a partir del 33% o discapacidad física o sensorial a partir del 65%.
La nueva ley prevé que los tribunales y los notarios podrán paralizar los desahucios si consideran que algunas cláusulas de la hipoteca resultan abusivas, en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea.
También, y para evitar que las familias se endeuden demasiado, los prestamos hipotecarios no podrán superar el 80% del valor de tasación de la vivienda y su amortización tendrá una duración máxima de 30 años.
Con el objeto de evitar confusiones y malentendidos que den origen posterior a situaciones de desahucio, el hipotecado deberá haber sido informado, con su firma como prueba de ello, sí la modalidad de su hipoteca es de tipo fijo o variable y si contiene cláusulas suelo o techo.
