España acata de nuevo las exigencias de Bruselas y ya ha confirmado la creación de una Autoridad Fiscal que velará por que todas las Administraciones cumplan con la estabilidad presupuestaria.
Este organismo, según palabras de Cristóbal Montoro, “estará dotado de personalidad jurídica propia y de plena capacidad pública y privada“, recalcando que “ni éste ni ningún otro gobierno tiene intención de darle instrucciones“.
Lo curioso es que esta Autoridad estará dirigida por un presidente que será nombrado por el Consejo de Ministros y tendrá que comparecer ante la comisión del Congreso y el Senado… aunque esta comparecencia no será vinculante y la propuesta final la hará el propio Montoro.
Este nuevo ‘presidente’ deberá tener amplia experiencia en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, con un mínimo de 10 años. A su vez, éste será el encargado de proponer los directores de División que conformen su equipo, también con 10 años de experiencia en las materias que vayan a desempeñar.
La elección del presidente de la Autoridad Fiscal tendrá validez por tres años, renovables otros tres, con rango de subsecretario. Es decir, que gobierne quien gobierne en la siguiente legislatura ésta persona mantendrá su cargo.
Las funciones a desempeñar por la Autoridad Fiscal, según lo recomendado por la Comisión Europea, son: análisis, asesoramiento y control de la política presupuestaria. Además, como esta Autoridad se creará a través de una Ley Orgánica, su supervisión será global, extendiéndose al sector público al completo (incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y Corporaciones Locales, la Seguridad Social, etc.)
Este organismo también se encargará de elaborar sus propias previsiones macroeconómicas y el Gobierno deberá considerarlas a la hora de aprobar las suyas; realizará informes que, a pesar de no ser vinculantes, serán preceptivos; y vigilará la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto. Es decir, que dependerá de la Autoridad Fiscal aprobar si es o no conveniente activar las medidas preventivas y coercitivas, previstas en la Ley de Estabilidad, contra la Administración incumplidora.
Imagen: finanzas
Fuente: eleconomista
