Hoy sale la primera entrada de la serie sobre las emergencias en nuestro mercado laboral y las políticas que se deberían adoptar para estimular la creación de empleo. La entrada es de nuestro querido amigo Juan de Mercado. Este seudónimo acoge a expertos que por razones profesionales no pueden firmar con su propio nombre.
Por Juan de Mercado
Con una tasa de paro del 26%, la población activa disminuyendo al 0.7%, el empleo todavía cayendo a una tasa anual del 2,1% y sin indicios de mejora significativa en los próximos trimestres, no debería resultar alarmista declarar que nuestro mercado de trabajo se encuentra en estado de emergencia. La preocupación por esta catástrofe trasciende nuestras fronteras y algunos líderes europeos han expresado su perplejidad y malestar. Han llegado a afirmar que el desempleo español es una “vergüenza”, declarándolo uno de los más graves problemas actuales de Europa y sugiriendo la posibilidad de habilitar instrumentos de apoyo financiero a nivel de la Unión Europea (UE) para ayudar a resolverlo. Tras su reunión con el Primer Ministro Rajoy el pasado lunes, la Canciller Merkel anunció que en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE mañana jueves van “a hablar del desempleo juvenil en el marco de las perspectivas financieras”. En estas circunstancias, resulta imperativo proceder a la ejecución de un plan de choque que consiga reactivar, mucho y muy pronto, la creación de empleo. A este respecto, una iniciativa europea puede jugar un papel muy importante. De hecho, dadas las circunstancias actuales, puede ser imprescindible.
¿Por qué Europa, por qué ahora?
El mercado de trabajo español es un enfermo sobrediagnosticado. En multitud de artículos e informes se han descrito las deficiencias de su configuración institucional −la perniciosa dualidad contractual y una regulación de la negociación colectiva que no favorece la adecuación de las condiciones de trabajo a la situación micro y macroeconómica− y cómo estas se han traducido en un desempleo elevado y una segmentación laboral injusta e ineficiente (por ejemplo, aquí). Pese a ello, las sucesivas reformas laborales no han atacado decididamente estas deficiencias institucionales. La última, aun resultando más audaz que las anteriores, es desequilibrada e insuficiente. Por ahora, no parece que haya aminorado los efectos negativos de la crisis sobre el empleo. Aunque no hay todavía mucha información estadística sobre sus efectos, el uso del contrato de emprendedores –el contrato estrella en esta ocasión, que pretende fomentar el empleo indefinido en las PYMEs− está siendo bastante decepcionante y tampoco se puede decir que la estructura de la negociación colectiva esté cambiando sustancialmente. Podríamos estar equivocados y solo faltaría tiempo para que todos los efectos potenciales de esta reforma se materialicen. Pero no disponemos de tiempo para esperar y ver. La emergencia es grave, estamos en alerta DEFCON 1.
El Gobierno español tiene poco margen para implementar un plan de choque a favor del empleo. En la esfera política, es esclavo de sus decisiones anteriores y tiene otros frentes abiertos que le restan capital político para proseguir con nuevas reformas. En el campo económico, dadas las perspectivas fiscales, no dispone de recursos financieros suficientes para planes de largo alcance. Por otra parte, teniendo en cuenta las deficiencias institucionales de nuestro mercado laboral y el contexto recesivo, la eficacia de un mero aumento de gasto en fomento del empleo y formación laboral, sin modificar su gestión, es más que dudosa. Buena prueba de ello son las magras ganancias que se obtuvieron en el pasado de las subvenciones a la contratación indefinida, que llegaron a suponer unos 3.000 millones de euros al año.
¿Qué rescate?
La iniciativa europea debe crear el escenario en el que ambas restricciones puedan superarse. El Presupuesto de la UE, una de cuyas principales prioridades para 2007-2013 era “adaptar la integración económica europea –el mercado único– al más amplio objetivo del crecimiento sostenible, movilizando las políticas económicas, sociales y de medio ambiente”, contempla para 2013 un gasto de unos 70 mil millones de euros en partidas relacionadas con la “competitividad y la cohesión para el crecimiento y el empleo”. En 2012 se dedicaron 67,6 mil millones a estas partidas, de los cuales 6,3 mil millones corresponden a España. Su procedencia es la siguiente: (i) 4.000 millones a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinados mayoritariamente a programas de inversión en infraestructuras, (ii) 1.500 millones del Fondo Social Europeo, gastados sobre todo en formación laboral, y (iii) 850 millones de los Fondos de Cohesión, dedicados a programas de transporte y mejora del medio ambiente. Por otra parte, en las propuestas para el próximo marco presupuestario se está contemplando ampliar la capacidad fiscal de la UE y dedicar más recursos a la introducción de nuevos instrumentos que favorezcan la convergencia y la competitividad.
Dada la situación de emergencia del mercado de trabajo en España, estos fondos deberían dedicarse mayoritariamente a la creación de empleo bajo un plan coherente que superara las limitaciones institucionales del mercado de trabajo español todavía existentes.
¿Qué plan?
Para reactivar rápidamente la creación de empleo y que este proceso tenga lugar a través de nuevos puestos de trabajo productivos y con vocación de estabilidad, solo queda una alternativa a corto plazo: abaratar los costes laborales y fomentar la empleabilidad de aquellos trabajadores en paro con mayor formación. En cuanto al componente salarial, dicho abaratamiento se está produciendo, en parte, por la reforma laboral de 2012, pero sin que todavía lo haga con la intensidad y el ritmo suficientes. Sería conveniente que se complementara mediante reducciones del componente no salarial a través de subvenciones a la contratación. Para que dichas subvenciones fueran eficaces, deberían ofrecerse solo en el caso de que las contrataciones se hicieran con un nuevo contrato indefinido con indemnizaciones por despido muy gradualmente crecientes con la antigüedad, que fuera la punta de lanza en la lucha contra la dualidad. La subvención se daría solo a las empresas que crearan empleo neto adicional. Además se podría crear un fondo de capitalización –al estilo del fondo austriaco− que cubriera al nuevo trabajador contratado en caso de desempleo futuro. Estas dos condiciones cumplen dos funciones muy importantes: por una parte, evitar el conflicto social e intergeneracional generado por una dualidad contractual ineficiente, por otra, permitir que los nuevos trabajadores contratados también se beneficien, además de por un incremento de su renta salarial y una mayor estabilidad en el empleo, mediante un aumento de su riqueza (las expectativas de futuras aportaciones al fondo) lo que, dada la precaria situación financiera de los hogares españoles, debería contribuir a relanzar el consumo.
El coste de este tipo de plan resulta asumible, incluso dentro del actual marco presupuestario de la UE, a través de una reorientación de los fondos estructurales. Solamente a título ilustrativo, supongamos una actuación muy decidida que consistiera en reducir el coste laboral de las empresas en un 10% junto con una aportación al fondo de capitalización de un 2,5% del salario (casi el doble de lo que es dicha aportación en el caso austriaco). Siendo actualmente el coste laboral medio por trabajador y mes de 2.455 euros y el coste salarial de 1.805 euros (según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE referida al tercer trimestre de 2012), cada nueva contratación supondría una transferencia de alrededor de 3.500 euros. Si se dedicaran solo la mitad de los fondos estructurales a este plan, se podrían incentivar hasta 930 mil nuevas contrataciones. Teniendo en cuenta que la rotación laboral y, por tanto, los costes de despido también serían menores bajo el nuevo contrato y que el fondo de capitalización puede favorecer la moderación salarial, la reducción del coste laboral para las empresas podría resultar significativamente superior al 10%.
Con respecto a la formación y a la intermediación laboral, la única alternativa para mejorar la empleabilidad de los casi tres millones de parados de larga duración mayores de 25 años, es utilizar un sistema de incentivos para que las empresas de trabajo temporal (ETT) u otras agencias privadas colaboren con los Servicios Públicos de Empleo. Esta intervención de las ETT estaba ya contemplada en la reforma de 2012 pero, como ocurre con el nuevo contrato de emprendedores, los avances son lentos y poco significativos. Aquí, también la intervención de la UE, mediante los incentivos adecuados, puede ayudar a poner en marcha un sistema de intermediación laboral basado en la colaboración de agencias públicas y empresas privadas, mucho más eficaz que el actual. Bastaría con asignar los casos más complicados a las agencias privadas, estableciendo un sistema de abono de tarifas diferenciadas a las mismas en función de la cualificación del trabajador, el tiempo que lleve desempleado y de la duración del puesto de trabajo que consiguiera a través de estas agencias.