Luces y sombras en el proceso de consolidación fiscal

Hace unos días evaluamos ante la prensa las reformas llevadas a cabo en este año por el gobierno de Mariano Rajoy, hoy empezamos una serie de artículos cortos sobre cada una de las reformas y esperamos completarlas todas en los próximos días, junto con la reforma, incluímos la presentación que se realizó ante la prensa. Empezamos con la reforma fiscal, cuya presentación se puede encontrar aquí.

de J. Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio-Ramirez 

Empezaremos repitiendo que la crisis fiscal en España es una crisis de ingresos. La caída de la recaudación sobre PIB durante la crisis, de 5,4 puntos, no ha tenido precedente en ningún otro país desarrollado y es una prueba clara de que nuestro sistema impositivo no funciona y urge reformarlo. El primer año de Rajoy empezó tomando medidas poco acertadas y que dañaron su reputación recién estrenada con los mercados. Entre las desafortunadas medidas destacan el retraso en la presentación de los presupuestos a marzo, la reintroducción de la deducción de vivienda y la subida de los marginales en el impuesto sobre la renta. Esta última, que la anuncio como temporal, apenas si recauda y desincentiva la atracción de trabajadores cualificados. En la segunda parte del año, se tomaron medidas más acertadas respecto a los ingresos, se suprimieron algunas deducciones en sociedades, se volvió a suprimir la deducción por vivienda y se subió el IVA.

Aunque aun es pronto para conocer cual será el dato de déficit con el que acabará el año, no nos sorprenderemos si este sobrepasa el 7% (sin tener en cuenta las ayudas al sistema financiero) cuando se conozca la cifra definitiva a mediados del año que viene. Lo cierto es que este desvío seria mayor si no se hubieran congelado las pensiones o suprimido la extra de los funcionarios. Estas medidas, acertadas aunque muy dolorosas, reflejan el cambio producido en el comportamiento del gobierno de Rajoy en los últimos meses. Por eso, a pesar de volveremos a incumplir el compromiso del 6,3%, debe reconocerse que, de confirmarse estos números, se habrá reducido el déficit de 2 puntos de PIB en un año de crecimiento negativo. Hasta aquí las luces.

Las sombras, aparecen cuando analizamos el proceso de consolidación fiscal y vemos como este ha afectado a la evolución de las distintas partidas presupuestarias. El año 2009 fue el año de máximo nivel de gasto publico en nuestro país, alcanzando el 46% del PIB.

Desde ese punto álgido, la principal reducción de gasto se ha producido en las inversión publica que se ha reducido en más de un 60%. En la actualidad la inversión esta en mínimos, apenas llega al 2% del PIB, lo cual apenas es suficiente para mantener el stock de capital publico y difícilmente se podrá recortar más en el futuro. La segunda partida que más se ha reducido ha sido la remuneración de los asalariados que se ha reducido un 4%. Estos dos datos ponen de relieve que casi todo el peso del ajuste por la vía del gasto se ha concentrado en la inversión. Por el otro lado, la partida que mas ha aumentado son los gastos por intereses de la deuda que ha aumentado un 70% y que seguirá aumentando los próximos años. Pero lo mas preocupante es que el resto del gasto corriente — donde aparecen entre otros las pensiones, la sanidad, la educación, asuntos sociales — ha aumentado un 2% desde el año 2009. Esto quiere decir que si quiere reducir el gasto en los próximos años la única posibilidad pasa por hacerlo con el gasto corriente en las nombradas partidas.

El problema es, si cabe, más importante para las CCAA. Si nuestra estimación es correcta, las CCAA cerraran el año 2012 con un déficit del 2%. Esto significa que para cumplir el objetivo de déficit del año 2013 el recorte tiene que ser  de 13.000 millones  de euros.  El motivo es el siguiente. Los ingresos que recibirán en 2013 las CC.AA. a través del Sistema de Financiación Autonómico – que son su principal fuente de financiación–, se incrementan en tan solo 135 millones con respecto a 2012. Aunque apenas si hay variaciones en términos agregados, por CC.AA. se aprecian grandes diferencias. Así por ejemplo: la Comunidad de Madrid presenta una caída de sus ingresos del 8% (992 millones de euros) en 2013 con respecto a 2012. En cambio, Andalucía recibirá un 3% más de recursos (470 millones de euros). Permítannos un pequeño inciso: ¿Qué sentido tiene un sistema de financiación autonómico que permite esta variación de ingresos en algunas CCAA sin que hayan habido cambios relevantes en la situación económica de las mismas? Este es un ejemplo más de que el sistema de financiación autonómico necesita cambios importantes, que, en nuestra opinión, pasan por avanzar según los principios del federalismo fiscal de mayor corresponsabilidad.

En definitiva, aunque se han producido avances en el proceso de consolidación fiscal, estos aun son insuficientes y, en gran medida, han afectado a partidas como la inversión, reduciendo el gasto corriente solo de forma temporal (léase, por ejemplo, la reducción de la extra de navidad para este año). La mayor parte de los ajustes han sido y son coyunturales. Y no sólo por el lado del gasto, sino también por el ingreso. Incluso el doloroso, pero necesario, incremento del IVA ha sido señalado como temporal por algunos miembros del gobierno. Viendo los compromisos con el Objetivos de Estabilidad para los próximos años, aun queda un duro camino por recorrer que inevitablemente afectará al gasto corriente – y de forma estructural –ya que la inversión no puede reducirse más. Sabiendo esto, debemos preservar el gasto corriente que sabemos es importante para el crecimiento, como son la educación, la I+D y las políticas activas.  Además, es muy probable que para conseguir el Objetivo sea necesario avanzar en una reforma fiscal ambiciosa en todos los ámbitos, incluido el autonómico, que permita recuperar los ingresos sin dañar a crecimiento. Al final, la salida del túnel sólo será posible si conseguimos crecer y para ello es necesario atraer capital para invertir en nuestro país. Y no olvidemos, que la inversión extranjera solo será atractiva cuando se elimine la incertidumbre sobre la subida de impuestos o cuando baje lo suficiente el coste de financiación. Ambas cosas sólo se consiguen cuando controlemos nuestras finanzas públicas.

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