Durante 2012 se destruyeron 850 mil empleos y al final del año la tasa de paro alcanzó el 26% de la población activa. Ante esta evolución tan catastrófica, que no solo no ha mostrado una mejora con respecto al año 2011 sino que supone un empeoramiento, se ha convertido rápidamente en un lugar común decir que la reforma laboral de 2012 ha fracasado.
Creo que es una conclusión precipitada: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Entiendo que esto será un pobre argumento para quienes han perdido su empleo en los últimos meses y, en general, para todos los que esperan ver una mejora en nuestro mercado de trabajo, pero evaluar la reforma laboral de forma mínimamente rigurosa no es posible aún.
Dado que las variables económicas tienen mucha inercia, ha pasado aún demasiado poco tiempo para esa evaluación –la reforma data de febrero y se alteró en parte en julio de 2012–, máxime cuando todavía se están manifestando efectos de las reformas de 2010 y 2011. En segundo lugar, hubo muchos cambios a la vez: se bajó el coste del despido, se modificó la regulación de la negociación colectiva y, fuera de la propia reforma, se redujo la generosidad de las prestaciones por desempleo. Es muy complicado desentrañar los efectos de cada cambio por separado, cuando todos se afectan mutuamente y cuando además algunos tienen efectos contrapuestos, por ejemplo sobre el empleo.
Otra razón de peso es la gran dificultad que existe para evaluar una medida si otras variables importantes están cambiando a la vez y, de hecho, el contexto económico global empeoró bastante el año pasado. Para verlo basta citar algunos datos. A finales de 2011 el PIB de la zona euro crecía a una tasa interanual del 0,6%, mientras que a finales de 2012 caía al 0,9%. Por las dudas sobre la viabilidad del euro, el tipo de interés a 10 años de la deuda pública española, que también afecta a la financiación empresarial, subió del 4,9% hace un año al 6,8% en julio, aunque acabó cerrando el año al 4,7%. El crédito concedido por las entidades financieras a las sociedades no financieras caía en diciembre pasado a un increíble 8% interanual, el doble que un año antes. Todos estos cambios perjudican a la inversión y la creación de empleo. Por ello, las expectativas de los empresarios y los consumidores empeoraron significativamente y, así, el indicador de “sentimiento económico” (sic) que elabora la Unión Europea –incorporando opiniones sobre la situación actual y la futura– había caído a finales de 2012 algo más del 5% con respecto a su valor un año antes, tanto en España como en la zona euro.
Aunque el PIB y el empleo agregados se determinan conjuntamente, por lo que no cabe hablar de una causalidad unidireccional del PIB al empleo, ningún país del mundo crea empleo neto con el PIB cayendo a una tasa interanual del 1,8%, como sucedía en España a finales de 2012. Pero tampoco destruiría empleo a una tasa del 4,8% con esa tasa de caída del PIB. ¿Qué efecto puede haber tenido la reforma en este sentido?
Para empezar, recordemos que entre el primer trimestre de 2012 –último previo a la reforma– y el cuarto, el 39% del empleo destruido ha sido público, algo nunca visto antes. Pero dos tercios de esos empleos fueron temporales, que se destruyen simplemente no renovando los contratos, así que en esta área pueden adjudicársele a la reforma, como mucho, los 65.700 empleos indefinidos públicos destruidos en esos tres trimestres, un 13,5% del empleo asalariado desaparecido.
En cuanto al sector privado, ¿se destruye más o menos empleo para la misma variación de la producción que antes de la reforma? Para saberlo necesitamos un indicador de actividad del sector privado, construido a partir de los datos del valor añadido bruto por rama de actividad de la contabilidad nacional. El PIB por empleado del sector privado muestra esta evolución, en tasa interanual (línea continua granate):
Se observa que la productividad del trabajo solo empezó a crecer en 2008, ha alcanzado valores del 4% interanual y se desacelera en 2012. Como la variación de la productividad del trabajo (producto dividido por empleo) no es más que la inversa de la variación del empleo por unidad de producto (o “intensidad de empleo de la producción”), la caída de 2012 podría interpretarse como una señal de que la reforma laboral está ayudando a conservar empleo.
Sin embargo, la caída de la tasa de crecimiento de la productividad en 2012 se debe a una alentadora recuperación del empleo autónomo (quizá una tendencia para el futuro, dado el cambio tecnológico, que reduce los costes fijos de ser autónomo). El gráfico incluye una línea discontinua que muestra cuál habría sido el aumento de la productividad del trabajo en el caso contrafactual de que todo el empleo privado, asalariado y no asalariado, se hubiera comportado como el asalariado. La evolución durante 2012 habría sido muy distinta, se habría mantenido plana alrededor del 4% (una tasa insostenible, por cierto).
Entonces, la tasa de destrucción de empleo privado asalariado –que no total– por unidad de variación del PIB privado es mayor que en otros momentos de la crisis, pero el aumento que venía experimentando esta tasa se ha parado, un poco antes del momento de aprobación de la reforma laboral. Esta evolución depende de cambios en la composición sectorial del empleo (por ejemplo, el menor peso de la construcción) y de otros factores. También puede ser el resultado neto de dos efectos contrapuestos. Por un lado, la reducción de los costes de despido tiende a acelerar la destrucción de empleo en contextos recesivos y, por otro, la mayor flexibilidad interna (con reasignación de tareas entre los empleados y quizá métodos más eficientes de producción) y la moderación salarial que ha fomentado la reforma tienden a contribuir al mantenimiento del empleo.
En ausencia de un análisis riguroso –que esperemos llegue con el tiempo–, nos movemos en el campo de las especulaciones y no caben interpretaciones causales. Pero, como mínimo, tampoco cabe echarle la culpa a la reforma laboral de la destrucción de empleo, más bién hay que mirar hacia el contexto tan recesivo que sufrimos (a su vez agravado por la destrucción de empleo) y hacia el excesivo ritmo de reducción del déficit público en curso, con sus efectos sobre el empleo público y sobre la actividad económica a través del multiplicador.
Hay algunos efectos de corto plazo ya observados de la parte de la reforma relativa a los costes del despido, sobre los que volveré en el futuro. No obstante, creo que la reforma de 2012 debe analizarse centrándose sobre todo en los efectos que acabe teniendo sobre la negociación colectiva, que fue la parte más novedosa e importante de la reforma. Sin embargo, los efectos de esta parte van a tardar más en verse que los de la bajada del coste del despido. Esto por varias razones: porque afecta a unas estructuras de negociación asentadas durante tres décadas, que ahora necesitan cambios estructurales grandes y, a un nivel más mecánico, porque los convenios son plurianuales (normalmente, de tres años). Y también, en este caso particular, porque la reforma recortó la ultraactividad de los convenios colectivos (vigencia posterior a su expiración) de indefinida a dos años (febrero de 2012) y luego a un año (julio). Esto ha provocado –de una forma que creo que muchos no previmos– que casi el 40% de los trabajadores tengan sus convenios vencidos en 2012 aún sin renovar, probablemente porque los representantes de los empresarios estén esperando a que venza ese año extra de vigencia, para negociar así desde una posición más fuerte. Este asunto es capital y será objeto de entradas futuras en este blog.