Antes de nada, estimado lector, le ruego me perdone. Ya sé que esto es un déjà vu (de posts como éste, éste, éste y éste), pero es que la desvergüenza del Gobierno nos proporciona ejemplos de desmanes todos los días, y en particular en lo tocante a la investigación, y por más que me duelen los dedos de escribirlo, hay que seguir insistiendo (quizá sirva de algo como decía Antonio en el post anterior hablando de la comunicación). ¿Y qué ha pasado esta vez? Pues nada, otro clavo en el ataúd de la seguridad jurídica, y van ene.
El nuevo despropósito jurídico del Gobierno se plasma en lo siguiente:
“Se amplía de seis a doce meses el plazo máximo de resolución de la convocatoria del año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo (Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, «BOE» de 24 de octubre de 2012).” (Texto del BOE)
O, en román paladino: que los solicitantes y nuestras propias normas nos traen al fresco y que ya puestos nos vamos a tomar con calma este asunto, que total para lo que vais a contribuir a salir de la crisis con las tonterías que hacéis…
Aunque lo he mencionado en otros posts, recuerdo brevemente lo que son estos programas, en particular los que más me interesan aquí. El programa Ramón y Cajal ofrece contratos de cinco años a doctores con mucha experiencia con la promesa de que si cumplen sus objetivos serán promovidos a puestos fijos (funcionario o contrato indefinido) tras una evaluación externa. El programa Juan de la Cierva ofrece contratos postdoctorales de tres años, sin continuidad, a doctores con algo menos de experiencia que el anterior.
Lo que hace este caso sangrante, o más sangrante de lo habitual, es que me consta que estos contratos están ya fundamentalmente resueltos, en lo que a la evaluación científica se refiere, y me consta porque yo he estado en una de las correspondientes comisiones. Así que si hubiera voluntad de resolver este asunto dentro de plazo, se podría hacer sin mayores dificultades. Pero no; mire usted por donde, no nos da la gana. ¿Y por qué no? Bueno, esto ya no lo sé de primera mano, pero se me ocurre una explicación bastante plausible: si científicamente el proceso está casi completo, el motivo para postponer la decisión podría ser retrasar la firma de los correspondientes contratos, para que el Ministerio de Hacienda, con la perspicacia y eficacia que lo caracteriza, se ahorre unos dineros, con un truco sucio de la misma categoría que las recientes devoluciones de impuestos retenidas para reducir el déficit.
Ahora, lector amigo, ponga aquí mi habitual discurso: la gente que está pendiente de que se resuelva esta convocatoria, porque tiene que organizar su vida e intentar orientar su futuro, las desastrosas consecuencias que esta decisión tendrá para el sistema científico español, y todas esas cosas que a nuestros gobernantes, claramente, les importan un bledo. No le voy a aburrir con el mismo rollo de siempre, y me voy a concentrar en algo que ya he dicho más veces: para esto, sería mucho mejor que el Gobierno dejara de convocar los contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Así de fácil. Entonces sí que ibamos a ahorrar dinero, pero de verdad.
Y es que con este tipo de actuaciones, la credibilidad y el atractivo que pueden tener estos programas para candidatos buenos es fundamentalmente cero. Ya estaban muy tocados a raíz del anterior incumplimiento del Gobierno, negándose a hacer funcionarios o al menos contratados indefinidos a muchos de los que seleccionados en convocatorias anteriores que cumplían las durísimas condiciones que se habían establecido para ello. De esta manera, ya estamos perdiendo investigadores muy competitivos que reciben interesantes ofertas de sitios donde los gobiernos cumplen lo que prometen. Pero lo de ahora es rematar a los casi difuntos programas: si quedaba algún buen científico incauto que, por motivos que si no son de carácter personal me resultan muy difíciles de entender, quería optar a alguno de estos contratos, en particular desde el extranjero, el Gobierno acaba de echarlo. Porque seis meses de retraso en resolver quieren decir que esas personas, para cuando sepan si son contratadas o no, se habrán buscado otra cosa, bien porque se les acaba su actual contrato, bien porque reciben ofertas competitivas en el interín y deciden (con buen criterio) no esperar a la lotería de esta convocatoria. Porque hay que decirlo todo, es una lotería: con tasas de éxito inferiores al 10%, el número de candidatos de gran nivel que se están quedando fuera debido a la escasa financiación de los programas es muy superior al de los finalmente seleccionados.
Recomiendo, pues, encarecidamente, al Gobierno que, cuando esté próximo a cumplirse el nuevo plazo extendido que se han auto-concedido para terminar este proceso, den una nueva muestra de desvergüenza, y envíen al BOE el siguiente texto:
“Terminado el plazo de doce meses para la resolución de las convocatorias Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, hemos pensado que no, que total con el tiempo que ha pasado ya ni nos acordamos de qué era esto, que no lo vamos a resolver, así que ‘irse’ buscando la vida, vagos, más que vagos, que sólo queréis vivir de la mamandurria.”
Sería otra desvergüenza, pero al menos sería la última con estos programas.
Ah, y ya de paso, otra recomendación: en la misma resolución del BOE pueden incluir también el cese de la Secretaria de Estado de Investigación, y de la estructura que cuelga de esa Secretaría de Estado. Así contribuimos al ahorro y eliminamos un montón de gente que en breve no va a tener función alguna. ¡Que investiguen ellos!